Atropellos de ciclistas ¿es justa la ley actual?

Atropellos de ciclistas ¿es justa la ley actual?

atropellos de ciclistas y legislacion

#porunaleyjusta suma más de 200.000 firmas en apoyo a una ley que proteja a los ciclistas

Con el lema “evitar que ninguna muerte en la carretera quede impune”, Anna González logró entregar el pasado jueves en el Congreso las más de 200.000 firmas que ha conseguido a través de su iniciativa en Internet y redes sociales. Una lucha por que se haga justicia en las carreteras españolas. Esta campaña la inició tras el triste fallecimiento por atropello de su marido, Óscar Bautista, en octubre de 2013. El conductor del camión que le atropelló mortalmente, como por desgracia sucede en otros muchos casos, se dio a la fuga.

En palabras de la propia Anna, “Es el momento de que los políticos escuchen a los ciudadanos” y como muestra, las 200.000 firmas entregadas en la Plaza de las Cortes.

¿Qué ocurrió en el caso de Anna Gonzalez?

Como ella misma cuenta en la página de recogida de firmas, si marido, ciclista, circulaba por el arcén de una de tantas carreteras españolas cuando el conductor de un camión tuvo una fatal distracción al volante, y al manipular la radio del vehículo (según la declaración del conductor) invadió el arcén por el que Oscar Bautista circulaba como tantas otras veces, atropellándolo mortalmente. Este conductor no se detuvo a auxuliar a la víctima del accidente, continúo su camino. Pero quedaron pruebas de lo ocurrido y, por las piezas recogidas y por los atestados de la Guardia Civil en el lugar de los hechos, el conductor del vehículo pudo ser detenido y puesto a disposición judicial.

Aquí comenzó el calvario para esta viuda por parte de la justicia ya que la juez del caso consideró los hechos una imprudencia leve y por lo tanto, son considerados sólo como una falta. Con la aplicación de la última reforma penal, en la que se suprimen las faltas, aunque haya habido una muerte de por medio, la magistrada decide archivar la Causa Penal.

Se da además la paradójica circunstancia de que la muerte ha sido “beneficiosa” para el conductor del camión. Al ser una muerte en el acto, no se le puede socorrer y no se aplica el delito de omisión del deber de socorro que sí hubiera aplicado de haber quedado malherido, con lesiones graves o hubiera tardado unas horas en morir. Así de capciosa en la interpretación: “el fallecimiento súbito e instantáneo de la víctima de un accidente de tráfico, en el que es imposible cualquier tipo de ayuda, no entra dentro del tipo penal de la omisión del deber de socorro aunque el infractor se dé a la fuga”

¿Qué pide Anna con esta recogida de firmas?

Nada más y nada menos que justicia, que se modifique la nueva reforma legal para proteger a las víctimas de atropellos y accidentes de tráfico y en concreto pide la modificación de los artículos 142 del Código Penal que regula el homicidio por imprudencia y el artículo 195 que regula la omisión del deber de socorro.

Con la modificación del primero se lograría que en todos los casos de muerte por imprudencia las familias de las víctimas pudieran llevar a juicio al responsable, que menos que tener esta deferencia con las víctimas del fallecido que darles la oportunidad de ser escuchados por un juez.

La modificación del segundo hace referencia a la interpretación que de omisión del deber de socorro hace la actual legislación, pidiendo un endurecimiento de la misma y que el delito de Omisión del Deber de Socorro no dependa del azar de “matar al instante” a la víctima. Se pide la reinclusión de un apartado existente antes de la última reforma “se castigará como tentativa los casos de imposibilidad de ejecución o producción de este delito para que, no existiendo la menor duda, ningún conductor se beneficie de la muerte de su víctima.”

Firma esta petición

El problema de no tener la valentía de aplicar la Ley. Nuestro abogado opina

Nuestro abogado especialista en accidentes de tráfico, Ignacio González Gugel nos comenta las implicaciones legales de este caso:

Tanto el Código Penal, como la Jurisprudencia o las propias recomendaciones del Consejo General de Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, tienen muy claro como debe actuarse en casos de accidentes de tráfico. Sin embargo, y a pesar de la extensa literatura, la práctica dista mucho de la teoría. En un accidente, debemos dar por supuesto que no existe Dolo o voluntad de acometer la acción. Es por ello, que estos hechos sean considerados en muchas ocasiones como imprudencias. Por otro lado, existen otros delitos, que se producen al rebasar ciertos límites como aquellos que derivan del abuso del alcohol o los estupefacientes y también aquellos que depende del desprecio por la seguridad de los demás.

Pero el legislador, en todos ellos, parece indicarnos que no son cometidos con voluntad de hacer daño, son casi imprudencias.

En el caso de las imprudencias, el legislador no ha actuado con el principio de tolerancia 0 de otros casos


En el caso de los delitos contra la seguridad del tráfico, el legislador ha ido haciendo hincapié en los últimos decenios, acercándonos a la tolerancia 0, y evitando muchos siniestros. No hay que negar que la siniestralidad de casos graves se ha visto reducida enormemente. Pero, en el caso de otras conductas, principalmente las imprudencias, el legislador no ha actuado igual. No obstante lo anterior, y aunque en muchas ocasiones, fuera deseable una mayor exigencia y reproche por parte del legislador con esas conductas, es el poder Judicial el que no está dando la talla.

Esta actitud del poder judicial acaba con la insatisfacción del perjudicado y la ausencia de justicia

La consecuencia es, una clarísima atención laxa a estos procesos que acaba con la insatisfacción del perjudicado y lo que es más grave, la ausencia de Justicia. Determinadas acciones son “baratas” al infractor. Y si esas acciones provocan graves daños, resultan aún más inconcebibles. Pero lo sorprendente del asunto es, que sobre el papel, el tratamiento que los Juzgados y tribunales deberían dar a estos casos es muy distinto del que se da.

Lo lógico es preguntarse ¿Porqué pasa esto?. De una u otra forma, todo tiene que ver con el principio de intervención mínima del derecho penal. Es decir, que alguien no quiere que el proceso penal se aplique a todas las conductas. Basta ver la última modificación del Código Penal, para darse cuenta hasta que punto esto es así. El legislador prefiere, que estas reclamaciones se sustancien en el ámbito extrajudicial y; si no hay más remedio; en el ámbito de la Jurisdicción civil. Que es este principio de intervención mínima. En este caso, no nos referimos a un concepto jurídico sino práctico.

El proceso penal conlleva un trabajo enorme y eso tiene un coste para el estado.


Si no hay este proceso, se soluciona un problema financiero. (Calculo que desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal, se ha reducido un 80% la litigación por estos asuntos).Además, si se aplica con rigor la norma, algunos de estos procesos incrementarían el número de presos de nuestras cárceles. Y eso es, de nuevo; un coste económico inasumible y socialmente de deseable evitación.

El problema es que estas resoluciones son contrarias a la ley y a la lógica aplicación de la Justicia y esto no se entiende.

¿Te ha sido útil esta información?
Jose Jv Marin liked this post

NO HAY COMENTARIOS

¿Quieres comentarnos tu caso?